Conocido como el "plan urbano especial para el alojamiento turístico", la ley no controlará específicamente el número de visitantes, sino que limitará el número de camas disponibles en hoteles y apartamentos turísticos (También congela la construcción de nuevos hoteles en algunas zonas de la ciudad y en la emisión de licencias de alquiler de apartamentos, como los disponibles en Airbnb.)


La ley plantea dividir la ciudad en una zona de decrecimiento, en la que no se podrán abrir nuevos alojamientos aunque cierren otros –la zona 1, en Ciutat Vella, parte del Eixample, Poblenou, Vila Olímpica, Poble Sec, Hostafrancs y Sant Antoni–, una zona 2 de congelación –sólo podrán abrir nuevos si cierran actuales–, y las zonas 3 y 4, de crecimiento limitado.

Actualmente Barcelona dispone 75.000 camas de hotel, unas 50.000 camas en departamentos legales, y otras 50 mil ilegales. Unos 17.000 apartamentos se han convertido en alojamientos para turistas, dicen los defensores de la reforma, lo que ha llevado a una escasez de viviendas, y algunas de las rentas más altas del país.


Barcelona no es el único lugar que ha luchado para equilibrar la preservación con la progresión, y las necesidades de los turistas con las de los residentes. Varias islas tailandesas implementaron reglas estrictas para los visitantes en mayo del año pasado; Bath, en Inglaterra, está considerando un impuesto turístico, y los funcionarios de Venecia están considerando un tope de turistas y más recientemente, Dubrovnik, Croacia, decidió limitar el número de turistas en su casco antiguo utilizando cámaras de seguridad.