El ejército anunció que sumaría 1.000 efectivos ayudando a la policía local en zonas clave como estaciones ferroviarias y de ómnibus que concentran diariamente a miles de personas.

Se prevé que el estado de emergencia dure 30 días y durante ese tiempo se suspenderán algunas libertades civiles como el derecho de reunión. Igualmente la policía podrá registrar domicilios y efectuar arrestos sin orden judicial. Una medida similar ya había sido implementada entre septiembre y diciembre.

En 2024 hubo 2.057 asesinatos en Perú, muchos de ellos vinculados al narcotráfico y al creciente aumento de grupos criminales internacionales. La Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno  señaló su preocupación ante esta medida, que ya había sido adoptada anteriormente sin lograr resultados, señalando que “su implementación y repercusión internacional proyectan una imagen negativa de nuestro país como destino turístico, perjudicando gravemente a la industria turística y dañando la reputación del país como un destino turístico confiable y atractivo”.

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Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú señala que la actividad turística se desarrolla con toda normalidad y que la medida no afecta el desarrollo de los viajes nacionales e internacionales, reuniones y eventos relacionados a la actividad turística y comercial destacando que las operaciones en los aeropuertos nacionales se realizan en forma normal e ininterrumpida.