La convocatoria estuvo centrada en su parte inicial al tratamiento de la nueva Ley de Turismo, que estaría derogando el Inciso F del artículo 33 de la Ley 2828/05 que obliga 

 a las líneas aéreas a pagar un porcentaje mínimo por pasajes emitidos por las agencias de viajes. La convocatoria tuvo carácter de urgente pues desde el Congreso están solicitando – finalmente–, la postura del gremio en este tema.

Susana Solís, presidente de AAVIP, en una amplia exposición señaló inicialmente que en el tratamiento de la nueva Ley los gremios afectados no fueron consultados. Los argumentos utilizados para la eventual derogación del inciso F mencionan que la exigencia (en realidad una ley no respetada por muchas compañías aéreas presentes en el mercado en opinión de los agentes presentes), señalan que su eliminación facilitará el ingreso de nuevas aerolíneas al mercado, promoverá la apertura de nuevas rutas y contribuirá a la reducción de los costos de pasajes aéreos posicionando a Paraguay como un destino más competitivo. Estos argumentos fueron rebatidos, punto por punto, por la titular de AAVIP señalando que “el 6% no pone en riesgo la 

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conectividad  ni la apertura de nuevas rutas, favorece a un solo sector sin considerar la existencia de 400 agencias de viajes en riesgo de desaparecer”.

“No pretendemos rechazar la Ley pero debemos solicitar una evaluación más participativa y estudiada en conjunto con las empresas del sector. Su ejecución debería concretarse recién cuando el Ministerio de Industria y Comercio concrete la fusión con la Senatur dando paso a la modernización de la ley de Turismo. En ningún momento nos han llamado a participar, ni desde el Ministerio de Industria y Comercio ni desde la Senatur”, agregó Solís.

El segundo tema tratado en la reunión estuvo enfocado en situaciones actuales que afectan a las agencias de viajes e incluyen acciones comerciales muy agresivas  que afectan el normal funcionamiento de las agencias de viajes. Se insistió en la necesidad de una actualización del reglamento operativo de la entidad con normas claras que amparen  el profesionalismo y comportamiento correcto de sus asociados e impidan patrocinar el ingreso de nuevos socios cuyas acciones no se ajusten estrictamente a lo ético y a una leal competencia. El tema deberá ser tratado en una Asamblea donde se deberán definir lineamientos y establecer una hoja de ruta común frente a los desafíos actuales del sector.