En consecuencia, se mantienen de forma íntegra las directrices de la normativa EU261/2004, blindando los derechos de los pasajeros aéreos frente a las presiones del sector comercial. Los pasajeros que sufran demoras en sus vuelos superiores a las tres horas en sus trayectos continuarán estando facultados para reclamar indemnizaciones económicas automáticas, cuyos importes oscilan entre los 250 y los 600 euros en función de la distancia kilométrica del vuelo. La flexibilización propuesta intentaba elevar  el umbral mínimo de espera de tres a cuatro horas para tener derecho a reclamación y establecía un tope máximo de devolución de  500 euros.

En contrapartida, no garantiza el derecho de los viajeros a embarcar con una maleta sin sobrecostos, aunque obligará a las aerolíneas a ofrecer el precio del billete con maleta de mano como primera opción en las búsquedas online.

El nuevo texto articulado no solo preserva el estatus legal vigente, sino que añade capas adicionales de protección y transparencia de precios para el consumidor. Las aerolíneas estarán obligadas por ley a facilitar a los usuarios elegibles un enlace digital directo al formulario de reclamación de indemnización en un plazo máximo de 48 horas tras la hora de llegada programada. Asimismo, el marco normativo prohíbe de forma categórica el cobro de recargos financieros a los padres que deseen seleccionar asientos contiguos a los de sus hijos menores de edad; se establece la total gratuidad para la subsanación de errores menores en la introducción de datos de la reserva, eliminando las penalizaciones de hasta 160 euros que se aplicaban bajo el régimen anterior por fallos de tres o más caracteres. Igualmente, propone una reestructuración de la política de tarifas comerciales, exigiendo que las aerolíneas incluyan el equipaje de mano de forma obligatoria en el coste del billete básico, permitiendo al cliente renunciar al servicio a cambio de un descuento sobre el precio inicial mostrado.

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El borrador definitivo de la enmienda ha iniciado su fase de revisión formal en la sede del Parlamento Europeo, quedando programada la sesión de votación plenaria para el próximo 8 de julio de 2026, fecha en la que se prevé su adopción final y conversión en ley vinculante para todo el espacio comunitario.