La iniciativa contempla la incorporación de 100 nuevos oficiales de cumplimiento del Australian Border Force y la habilitación de 250 nuevas plazas en centros de detención. El objetivo principal de esta política de detención es crear un efecto disuasorio rápido para incentivar el retorno voluntario de los infractores a sus países de origen. 

La medida restituye los procedimientos habituales previos a 2015, donde la reclusión temporal facilitaba que los afectados gestionasen sus propios vuelos de salida en cuestión de semanas. Asimismo, se implementarán mayores restricciones para evitar que los visitantes utilicen el modelo de visa hopping o solicitudes sucesivas para prolongar su estancia de forma artificial. 

El sector turístico y las organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su profunda preocupación ante estas medidas argumentando que el endurecimiento de la retórica y las acciones de control pueden dañar la reputación internacional de Australia como un destino hospitalario y abierto al turismo internacional.

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