Varios países han impuesto sanciones  a quienes rechazan las vacunas,  al igual que muchas empresas que imponen como requisito para la continuidad laboral de sus empleados el estar vacunados o establecen remuneraciones diferenciadas para quienes no cuenten con vacunación.

En Europa,  Austria fue el primer país en anunciar en noviembre pasado que crearía un impuesto que deberían abonar a partir de febrero del presente año quienes rechazaran las vacunas. El martes 11 de enero, la provincia canadiense de Quebec anunció su intención de cobrar un impuesto sanitario a sus residentes no vacunados contra el COVID-19, que convertiría al país en el primero en America del Norte en imponer dicha medida. Solo alrededor del 12,8% de los residentes de Quebec no están vacunados, pero representan casi un tercio de todos los casos hospitalarios registrados en la provincia.

La  provincia ya había anunciado antes que requeriría prueba de vacunación para comprar en las tiendas gubernamentales y mantiene un toque de queda de 22:00 a 05:00 diariamente. Quebec estima empezar a sancionar a los no vacunados a partir del 16 de enero y lo recaudado en ese concepto ayudará a financiar un sistema de salud sobrecargado de pacientes de COVID-19.

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Con otra modalidad, Singapur que cuenta con un sistema de salud universal, desde el 1 de enero estableció que las personas no vacunadas que requieran servicios hospitalarios deberán abonar los gastos de cuidados médicos e internación. La regla solo se aplica a las personas que no están vacunadas "por elección" y no a las que no son elegibles para las vacunas, como las personas con exenciones médicas.

Algunos países más condescendientes con sus ciudadanos, Eslovaquia y Lituania, por ejemplo, han decidido abonar cantidades moderadas de dinero a las personas mayores para decidan vacunarse o recibir un refuerzo.