Conforme a la nueva disposición, los viajeros internacionales son sometidos de forma rutinaria a escaneos y fotografías faciales durante los procesos de control en los aeropuertos. Las imágenes se comparan con registros oficiales existentes y pueden ser almacenadas por el gobierno federal durante un período de hasta 75 años, según información difundida por medios estadounidenses.

Además, en determinadas circunstancias, las autoridades fronterizas cuentan ahora con la facultad de solicitar datos biométricos adicionales e incluso muestras de ADN. Esta ampliación del alcance de los controles representa un cambio sustancial respecto de las atribuciones previas de los agentes en los puntos de entrada al país.

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la eliminación de las excepciones por edad. Hasta ahora, los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 solían quedar excluidos de la recolección biométrica. Con la modificación, personas de cualquier edad pueden ser sometidas a estos procedimientos.

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El gobierno estadounidense afirma que las nuevas normas están diseñadas para agilizar la aplicación de la ley y desalentar el abuso del sistema de inmigración. En su comunicado de prensa , la administración indicó que la política busca "disuadir la presentación de solicitudes infundadas y garantizar la coherencia operativa". También añadió que, "por lo general", no se tomarán datos biométricos a menos que la persona esté en "proceso de deportación" y tenga un caso pendiente ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que el objetivo es mejorar la aplicación de las leyes migratorias y evitar abusos del sistema. En un comunicado oficial, el gobierno sostuvo que la política busca desalentar reclamos considerados infundados y aportar mayor coherencia operativa. También aclaró que, en términos generales, la toma de datos biométricos adicionales se aplicaría a personas involucradas en procesos de deportación con causas abiertas ante los tribunales migratorios.

La medida se inscribe en un contexto más amplio de cambios en las políticas de viajes e inmigración. En las últimas semanas, el gobierno estadounidense incrementó el costo del ESTA, la autorización electrónica exigida a viajeros de países incluidos en el programa de exención de visa. Además, se anunció la incorporación de cinco nuevos países a una prohibición de viajes que comenzó a regir el 1˚ de enero de 2026.

En paralelo, se evalúan nuevas exigencias de verificación de antecedentes. Una propuesta presentada por la U.S. Customs and Border Protection (CBP) plantea que los solicitantes del ESTA deban declarar hasta cinco años de historial en redes sociales, junto con números telefónicos, direcciones de correo electrónico y datos de familiares. La iniciativa se apoya en una orden ejecutiva que apunta a reforzar la seguridad nacional y prevenir el ingreso de personas consideradas una amenaza. De aprobarse esta propuesta, los viajeros provenientes de 42 países deberían someterse a controles más exhaustivos sobre su información personal antes de ingresar a Estados Unidos.

Se espera que los funcionarios fronterizos estadounidenses incrementen las inspecciones de teléfonos y computadoras portátiles en 2026, a medida que el control digital se convierte en una herramienta estándar de entrada. Los turistas deben prepararse para un mayor escrutinio, comprender qué buscan las autoridades en los dispositivos y tomar medidas sencillas para proteger sus datos personales antes de viajar a Estados Unidos.