La norma tiene el objetivo de reducir incidentes y fortalecer la seguridad del transporte aéreo brasileño. Contempla multas de hasta 17.500 reales para las infracciones graves y la suspensión del derecho a volar por un plazo de seis meses a un año en los casos calificados de gravísimos. Los operadores aéreos quedan obligados a conservar el registro de cada ocurrencia por al menos cinco años. 

El texto de la resolución se apoya en el artículo 232 del Código Brasileño de Aeronáutica y garantiza el derecho a defensa: el pasajero debe ser informado de la acusación, de la penalidad prevista y de los plazos de recurso.

Según datos de ABEAR (Asociación Brasileña de Compañías Aéreas), en 2025 se registraron 1.764 incidentes relacionados con pasajeros conflictivos, un promedio de casi cinco casos por día, lo que representa un aumento del 66% en comparación con 2024, cuando hubo 1.061 incidentes. En el primer semestre de 2026 se registraron 881 casos, de los cuales 154 se consideraron graves, lo que supone un aumento del 22 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

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La medida busca promover la eficiencia operativa y el bienestar de los pasajeros y los trabajadores de la aviación, preservando la seguridad de aproximadamente 130 millones de usuarios anuales. Según LA ANAC, la resolución simplemente regula el artículo 232 del Código Aeronáutico Brasileño, en consonancia con las mejores prácticas internacionales y las directrices de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).